{"id":8378,"date":"2026-02-08T09:35:40","date_gmt":"2026-02-08T16:35:40","guid":{"rendered":"https:\/\/periodistas2027.com\/?p=8378"},"modified":"2026-02-08T09:35:40","modified_gmt":"2026-02-08T16:35:40","slug":"exigen-reforma-para-vetar-a-candidatos-delincuentes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/proyectoz.com.mx\/index.php\/2026\/02\/08\/exigen-reforma-para-vetar-a-candidatos-delincuentes\/","title":{"rendered":"Exigen reforma para vetar a candidatos delincuentes"},"content":{"rendered":"\n

Pol\u00edticos y gobernantes detenidos o con antecedentes penales, exhiben el vac\u00edo legal que permite al crimen infiltrarse en el poder, mediante elecciones sin filtros reales<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La detenci\u00f3n del alcalde de Tequila, Diego Rivera,<\/strong> acusado de extorsi\u00f3n y de presuntos nexos con la delincuencia organizada, as\u00ed como el caso del diputado local del Partido del Trabajo, Leonardo Almaguer,<\/strong> con antecedentes penales, reavivaron un debate inc\u00f3modo, pero urgente: la debilidad de los filtros legales y partidistas que permiten que personas con historial delictivo accedan a cargos de elecci\u00f3n popular.<\/p>\n\n\n\n

Ambos casos no son hechos aislados. En 2025 tambi\u00e9n fue detenido Jos\u00e9 Ascensi\u00f3n Murgu\u00eda,<\/strong> entonces presidente de Teuchitl\u00e1n, se\u00f1alado por presuntos v\u00ednculos con el crimen organizado. Estos episodios han encendido alertas sobre la captura de espacios de poder por redes il\u00edcitas y la necesidad de una reforma electoral de fondo.<\/p>\n\n\n\n

El gobernador Pablo Lemus se pronunci\u00f3 a favor de establecer \u201ccandados suficientes\u201d en la pr\u00f3xima reforma electoral federal, que impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de impedir que personas con antecedentes delictivos o presuntos v\u00ednculos criminales participen en decisiones legislativas o ejecutivas. \u201cNunca se sabe para qui\u00e9n trabajan: si para la ciudadan\u00eda o para los delincuentes\u201d. Especialistas coinciden en que el marco legal actual es insuficiente y exigen una reforma contundente.<\/p>\n\n\n\n

Arturo Villarreal, acad\u00e9mico del Departamento de Derecho P\u00fablico de la Universidad de Guadalajara, subray\u00f3 que la legislaci\u00f3n vigente no proh\u00edbe expresamente que personas con antecedentes penales sean candidatas.<\/strong> \u201cTiene que reformarse, porque hoy simplemente no lo impide\u201d.<\/p>\n\n\n\n

El Instituto Electoral y de Participaci\u00f3n Ciudadana de Jalisco confirm\u00f3 que entre los requisitos para registrarse como candidatos no se encuentra la presentaci\u00f3n de una carta de no antecedentes penales, lo que explica por qu\u00e9, en casos como el de Almaguer, no hubo irregularidades en su registro.<\/p>\n\n\n\n

Dirigentes partidistas reconocen la omisi\u00f3n y exigen cambios desde el Congreso de la Uni\u00f3n. Mirza Flores, de Movimiento Ciudadano en Jalisco, y Laura Haro, del PRI, coincidieron en la necesidad de modificar la ley. Haro adelant\u00f3 que su bancada presentar\u00e1 una iniciativa para endurecer los requisitos y establecer filtros obligatorios.<\/p>\n\n\n\n

Desde la academia, Luis Campos, de la Universidad Panamericana, advirti\u00f3 que incluso con reformas legales, la responsabilidad central seguir\u00e1 recayendo en los partidos pol\u00edticos, quienes deben decidir a qui\u00e9n postulan y aplicar filtros \u00e9ticos reales, no s\u00f3lo formales. En contraste, Harold Dutton, de la UdeG, alert\u00f3 que un exceso de restricciones podr\u00eda derivar en litigios por presuntas violaciones a derechos humanos, lo que obliga a un dise\u00f1o jur\u00eddico cuidadoso.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La discusi\u00f3n no es exclusiva de M\u00e9xico. Pa\u00edses como Colombia y Brasil han incorporado figuras como la inhabilitaci\u00f3n autom\u00e1tica para competir cuando existen sentencias firmes por corrupci\u00f3n, delincuencia organizada o delitos graves. Estos modelos buscan proteger la integridad democr\u00e1tica sin criminalizar la competencia electoral.<\/p>\n\n\n\n

En M\u00e9xico, el reto es equilibrar los derechos pol\u00edticos con el inter\u00e9s p\u00fablico. Los casos recientes muestran que dejar la \u00e9tica en manos de la buena voluntad partidista ya no es suficiente. Sin reformas claras y filtros efectivos, la democracia seguir\u00e1 expuesta a que el poder p\u00fablico sea ocupado por quienes deber\u00edan estar rindiendo cuentas ante la justicia.<\/p>\n\n\n

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El diputado Leonardo Almaguer reconoci\u00f3 su pasado delictivo, al que calific\u00f3 como \u201cun error de juventud\u201d. EL INFORMADOR\/A. Navarro<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

LAS POSTURAS<\/p>\n\n\n\n

Partidos deben tener mayor compromiso<\/h4>\n\n\n\n

Para la dirigente de Movimiento Ciudadano en Jalisco, Mirza Flores, los partidos pol\u00edticos deben establecer mayores filtros y garantizar a la ciudadan\u00eda los mejores perfiles para competir por cargos de elecci\u00f3n popular. Esto, tras la detenci\u00f3n del alcalde de Tequila, Diego \u201cN\u201d, por extorsi\u00f3n y presuntos v\u00ednculos con la delincuencia organizada, as\u00ed como el caso del diputado local del Partido del Trabajo, Leonardo Almaguer, con antecedentes penales.<\/p>\n\n\n\n

Flores se\u00f1al\u00f3 que los partidos deben contar con filtros claros, una mayor altura de miras y un compromiso \u00e9tico con la ciudadan\u00eda. Aclar\u00f3 que el debate no se centra en la prescripci\u00f3n de delitos.<\/p>\n\n\n\n

Exige m\u00e1s requisitos para los aspirantes <\/h4>\n\n\n\n

El PRI Jalisco busca incrementar los requisitos para quienes aspiren a cargos de elecci\u00f3n popular en el Estado. La dirigente pri\u00edsta, Laura Haro, se\u00f1al\u00f3 que la bancada tricolor en el Congreso de Jalisco prepara una iniciativa de reforma a la Constituci\u00f3n local para endurecer los criterios de elegibilidad y garantizar mejores perfiles.<\/p>\n\n\n\n

Plante\u00f3 que existan mayores exigencias para ocupar un encargo p\u00fablico, incluidos ex\u00e1menes de control y confianza, similares a los que se aplican a polic\u00edas. Como ejemplo, indic\u00f3 que en el PRI se solicita carta de no antecedentes penales para registrar candidaturas.<\/p>\n\n\n\n

Contra los que tienen antecedentes penales<\/h4>\n\n\n\n

El presidente del PAN en Jalisco, Juan Pablo Coll\u00edn, sostuvo que los partidos pol\u00edticos deben asumir una responsabilidad directa en la selecci\u00f3n de candidaturas y establecer filtros claros para evitar perfiles vinculados con actos ilegales. Se\u00f1al\u00f3 que el problema no es solo legal, sino \u00e9tico, incluso cuando existe presunci\u00f3n de inocencia, como en el caso del alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, quien permaneci\u00f3 en el cargo pese a investigaciones en curso.<\/p>\n\n\n\n

Consider\u00f3 que, ante denuncias graves, lo razonable es separarse temporalmente del cargo para no da\u00f1ar la confianza ciudadana. A\u00f1adi\u00f3 que los partidos deben informar con transparencia.<\/p>\n\n\n\n

No hubo respuesta<\/h4>\n\n\n\n

\u00c9rika P\u00e9rez, presidenta de Morena, fue consultada para conocer la postura del partido ante los se\u00f1alamientos y propuestas planteadas, pero hasta el cierre de esta edici\u00f3n no emiti\u00f3 respuesta ni fij\u00f3 una posici\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n\n\n

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M\u00e9xico est\u00e1 entre los pa\u00edses con m\u00e1s impunidad en el mundo<\/h4>\n\n\n\n

M\u00e9xico se ubica entre los 15 pa\u00edses con mayores niveles de impunidad a nivel mundial, de acuerdo con el \u00cdndice Global de Impunidad (IGI) 2025.<\/strong> Y aunque pareciera que en M\u00e9xico los delincuentes no obtienen un castigo, en las \u00faltimas dos d\u00e9cadas se han registrado casos en los que exfuncionarios s\u00ed fueron detenidos, procesados y sentenciados por diversos delitos.<\/p>\n\n\n\n

Uno de los casos m\u00e1s emblem\u00e1ticos es el de Javier Duarte de Ochoa<\/strong>, exgobernador de Veracruz (2010\u20132016), quien fue acusado de asociaci\u00f3n delictuosa y operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita, tras detectarse el desv\u00edo de miles de millones de pesos mediante empresas fantasma. A ello se sumaron investigaciones period\u00edsticas y penales relacionadas con la adquisici\u00f3n de medicamentos falsificados para el sector salud. Fue detenido en Guatemala en abril de 2017 y extraditado a M\u00e9xico, donde se declar\u00f3 culpable y fue sentenciado a nueve a\u00f1os de prisi\u00f3n, adem\u00e1s del decomiso de bienes.<\/p>\n\n\n\n

Otro caso y otro \u201cDuarte\u201d es el de C\u00e9sar Duarte J\u00e1quez, <\/strong>gobernador de Chihuahua entre 2010 y 2016, quien enfrent\u00f3 acusaciones por peculado agravado y asociaci\u00f3n delictuosa. La Fiscal\u00eda estatal document\u00f3 el presunto desv\u00edo de recursos p\u00fablicos para beneficiar a un banco del que era accionista, as\u00ed como la existencia de una \u201cn\u00f3mina secreta\u201d destinada al pago de actores pol\u00edticos y medios de comunicaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Duarte fue detenido en Miami en 2020 por autoridades estadounidenses y extraditado a M\u00e9xico en 2022, y actualmente enfrenta diversos procesos penales en el \u00e1mbito local.<\/p>\n\n\n\n

El caso de Tom\u00e1s Yarrington Ruvalcaba, <\/strong>exgobernador de Tamaulipas (1999\u20132004), es otro de los casos que atrajo la atenci\u00f3n medi\u00e1tica, aunque la justicia fue impartida por autoridades extranjeras, debido a que Estados Unidos lo acusaba de lavado de dinero y conspiraci\u00f3n para introducir recursos del narcotr\u00e1fico al sistema financiero de ese pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n

Yarrington fue detenido en Florencia, Italia, en 2017, tras ser requerido por autoridades de EU por delitos relacionados con lavado de dinero y v\u00ednculos con organizaciones criminales. Fue extraditado a territorio estadounidense en 2018, donde se declar\u00f3 culpable y recibi\u00f3 una sentencia de prisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

En Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, <\/strong>gobernador de 2011 a 2016, fue acusado de desempe\u00f1o irregular de la funci\u00f3n p\u00fablica, lavado de dinero y venta ilegal de terrenos propiedad del estado a precios por debajo de su valor comercial. Fue detenido en Panam\u00e1 en 2017, cuando intentaba viajar a Europa, y posteriormente extraditado a M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n ligado a Quintana Roo estuvo Mario Villanueva Madrid,<\/strong> procesado a\u00f1os antes por delitos relacionados con el narcotr\u00e1fico, convirti\u00e9ndose en uno de los primeros exgobernadores sentenciados por ese tipo de v\u00ednculos. A Villanueva Madrid se le se\u00f1al\u00f3 por v\u00ednculos con el C\u00e1rtel de Ju\u00e1rez. Tras huir en 1999, fue capturado en 2001 y extraditado a EU en 2010 por lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n

Fue repatriado en 2017 y actualmente cumple prisi\u00f3n domiciliaria en Chetumal, aunque recientemente autoridades federales promovieron una impugnaci\u00f3n legal para que regrese a prisi\u00f3n tradicional.<\/p>\n\n\n

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Diego Rivera Navarro fue aprehendido en el marco de la Operaci\u00f3n Enjambre. ESPECIAL<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

No se salvan los presidentes municipales<\/h4>\n\n\n\n

En el \u00e1mbito municipal, y particularmente en Jalisco, uno de los hechos m\u00e1s recientes es la detenci\u00f3n de Diego Rivera Navarro, aprehendido en el marco de la Operaci\u00f3n Enjambre, encabezada por el secretario de Seguridad y Protecci\u00f3n Ciudadana (SSPC), Omar Garc\u00eda Harfuch, el pasado 5 de febrero, al ser se\u00f1alado por actos de extorsi\u00f3n y presuntos v\u00ednculos con el C\u00e1rtel Nueva Generaci\u00f3n. Sin embargo, en mayo de 2025, la FGR tambi\u00e9n detuvo al presidente municipal de Teuchitl\u00e1n, Jos\u00e9 Ascensi\u00f3n Murgu\u00eda Santiago, a quien se le vincul\u00f3 con el Rancho Izaguirre, utilizado por el mismo grupo crimina<\/strong>l como centro de reclutamiento, caso que tuvo repercusi\u00f3n internacional.<\/p>\n\n\n\n

A nivel nacional, uno de los casos m\u00e1s conocidos es el de Jos\u00e9 Luis Abarca Vel\u00e1zquez, <\/strong>exalcalde de Iguala, Guerrero, detenido en 2014 tras la desaparici\u00f3n de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Las investigaciones federales lo relacionaron con el grupo criminal Guerreros Unidos. Aunque no ha sido sentenciado por desaparici\u00f3n forzada, permanece en prisi\u00f3n por otros delitos.<\/p>\n\n\n\n

Otro caso emblem\u00e1tico es el de Hilario Ram\u00edrez Villanueva,<\/strong> \u201cLay\u00edn\u201d, exalcalde de San Blas, Nayarit, quien en 2014 reconoci\u00f3 p\u00fablicamente el desv\u00edo de recursos municipales. En 2021 fue sentenciado por ejercicio indebido de funciones, tras comprobarse irregularidades en la venta de un terreno municipal.<\/p>\n\n\n\n

En Michoac\u00e1n, Uriel Ch\u00e1vez Mendoza, <\/strong>ex alcalde de Apatzing\u00e1n, fue detenido en 2014 por extorsi\u00f3n y presuntos v\u00ednculos con Los Caballeros Templarios. En la Ciudad de M\u00e9xico, Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauht\u00e9moc, fue vinculada a proceso en 2022 y evit\u00f3 la prisi\u00f3n mediante un acuerdo reparatorio. Casos similares se han registrado en Nuevo Le\u00f3n y Baja California.<\/p>\n\n\n\n

Fracasa el sistema nacional y estatal anticorrupci\u00f3n<\/h4>\n\n\n\n

Desde su creaci\u00f3n en 2015, durante el Gobierno de Enrique Pe\u00f1a Nieto, el Sistema Nacional Anticorrupci\u00f3n no ha cumplido con el objetivo para el que fue dise\u00f1ado. A m\u00e1s de nueve a\u00f1os de su puesta en marcha y pese a ajustes en Entidades como Jalisco, el balance sigue siendo negativo. As\u00ed lo explic\u00f3 Jes\u00fas Ibarra, coordinador del Observatorio Judicial del ITESO, quien se\u00f1al\u00f3 que el problema no es solo operativo, sino estructural, pues nunca se dot\u00f3 al sistema de facultades reales para actuar contra la corrupci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Indic\u00f3 que el sistema funciona como un mecanismo de coordinaci\u00f3n sin capacidad de decisi\u00f3n ni coerci\u00f3n, dependiente de la voluntad pol\u00edtica de sus integrantes y sin presupuesto propio ni competencias claras, lo que ha derivado en una simulaci\u00f3n institucional. Cada autoridad conserva funciones aisladas, sin un eje rector que articule acciones ni sanciones.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Ibarra sostuvo que el problema es a\u00fan m\u00e1s profundo, ya que la corrupci\u00f3n forma parte del funcionamiento del sistema pol\u00edtico. Las instancias encargadas de fiscalizar y sancionar carecen de incentivos para combatir una corrupci\u00f3n que financia campa\u00f1as y gobiernos. Afirm\u00f3 que una reingenier\u00eda superficial ser\u00eda insuficiente, pues implicar\u00eda enfrentar intereses arraigados en partidos y congresos, aunque record\u00f3 que existen ejemplos internacionales de reformas de fondo exitosas.<\/p>\n\n\n\n

Por su parte, Luc\u00eda Almaraz, acad\u00e9mica de la Univa, coincidi\u00f3 en que los sistemas anticorrupci\u00f3n no est\u00e1n dando resultados y han derivado en esquemas de simulaci\u00f3n que diluyen responsabilidades. Se\u00f1al\u00f3 que el dise\u00f1o fragmentado impide facultades propias de investigaci\u00f3n y sanci\u00f3n, y que la captura pol\u00edtica de los procesos de designaci\u00f3n debilita su legitimidad. Plante\u00f3 la necesidad de una reestructuraci\u00f3n profunda.<\/p>\n\n\n\n

PARA SABER<\/p>\n\n\n\n

Comit\u00e9s deben ser cr\u00edticos<\/h4>\n\n\n\n

El fortalecimiento de los comit\u00e9s de participaci\u00f3n ciudadana es clave para que el sistema recupere su funci\u00f3n cr\u00edtica y se convierta en un contrapeso efectivo. <\/p>\n\n\n\n

El Informador<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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