{"id":16505,"date":"2026-07-11T08:48:57","date_gmt":"2026-07-11T15:48:57","guid":{"rendered":"https:\/\/periodistas2027.com\/?p=16505"},"modified":"2026-07-11T08:48:57","modified_gmt":"2026-07-11T15:48:57","slug":"topolobampo-el-decreto-que-cambio-para-siempre-el-destino-territorial-del-puerto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/proyectoz.com.mx\/index.php\/2026\/07\/11\/topolobampo-el-decreto-que-cambio-para-siempre-el-destino-territorial-del-puerto\/","title":{"rendered":"Topolobampo: el decreto que cambi\u00f3 para siempre el destino territorial del puerto"},"content":{"rendered":"\n

La expropiaci\u00f3n de casi 500 hect\u00e1reas del ejido “Rosendo G. Castro” para el desarrollo urbano, las reservas territoriales y la vivienda social<\/em><\/p>\n\n\n\n

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\u00c1lvaro Arag\u00f3n Ayala.<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

El 2 de diciembre de 1991, el Diario Oficial de la Federaci\u00f3n public\u00f3 uno de los decretos m\u00e1s importantes para la expansi\u00f3n urbana de Topolobampo, municipio de Ahome, Sinaloa, que a estas alturas requiere una revisi\u00f3n para establecer su se cumpli\u00f3 con lo establecido en lo relativo a la creaci\u00f3n de reservas territoriales, el desarrollo urbano y la vivienda de inter\u00e9s social.<\/p>\n\n\n\n


Firmado por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, el documento autoriz\u00f3 la expropiaci\u00f3n de 499-19-49 hect\u00e1reas de terrenos ejidales pertenecientes al n\u00facleo agrario “Rosendo G. Castro”, con el prop\u00f3sito de crear las reservas territoriales que permitir\u00edan el crecimiento ordenado del puerto y su zona de influencia.<\/p>\n\n\n\n


Aunque en su momento la decisi\u00f3n pas\u00f3 pr\u00e1cticamente desapercibida para la opini\u00f3n p\u00fablica, el decreto se convirti\u00f3 en la base jur\u00eddica que permiti\u00f3 al Estado disponer de una enorme extensi\u00f3n territorial destinada al desarrollo urbano y a programas de vivienda de inter\u00e9s social.<\/p>\n\n\n\n


El art\u00edculo Primero del decreto establece textualmente que se expropia por causa de utilidad p\u00fablica una superficie de 499-19-49 hect\u00e1reas (499 hect\u00e1reas, 19 \u00e1reas y 49 centi\u00e1reas) de agostadero de uso colectivo del ejido “Rosendo G. Castro”, municipio de Ahome, Sinaloa.<\/p>\n\n\n\n


La expropiaci\u00f3n se realiz\u00f3 a favor de la entonces Secretar\u00eda de Desarrollo Urbano y Ecolog\u00eda (SEDUE). El decreto tambi\u00e9n precisa el destino espec\u00edfico de esos terrenos: Constituci\u00f3n de reservas territoriales, desarrollo urbano, vivienda de inter\u00e9s social y la ejecuci\u00f3n del Plan Director Urbano de la Ciudad de Topolobampo.<\/p>\n\n\n\n


Es decir, el Gobierno Federal justific\u00f3 la medida bajo el argumento de que la expansi\u00f3n del puerto requer\u00eda una reserva estrat\u00e9gica de suelo para el crecimiento futuro de la ciudad.<\/p>\n\n\n\n


UNA INDEMNIZACI\u00d3N DE 500 MILLONES DE PESOS DE LA \u00c9POCA<\/p>\n\n\n\n


El segundo resolutivo orden\u00f3 que la Secretar\u00eda de Desarrollo Urbano y Ecolog\u00eda pagara la indemnizaci\u00f3n correspondiente. la cantidad fijada fue de 500 millones de pesos (viejos pesos).<\/p>\n\n\n\n


Dicha suma deb\u00eda depositarse conforme al convenio celebrado el 25 de noviembre de 1990 entre el Gobierno del Estado de Sinaloa y el n\u00facleo agrario “Rosendo G. Castro”, con la intervenci\u00f3n del Gobierno Federal.<\/p>\n\n\n\n


El decreto establece adem\u00e1s que el dinero ingresar\u00eda al patrimonio del ejido mediante los mecanismos previstos en la entonces Ley Federal de Reforma Agraria, bajo la supervisi\u00f3n del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FIFONAFE).<\/p>\n\n\n\n


El documento distingue claramente entre el valor de la tierra y el de las mejoras o bienes existentes. Por ello ordena un pago adicional de 79 millones 190 mil pesos, destinados espec\u00edficamente a indemnizar a los ejidatarios afectados por bienes distintos al terreno.<\/p>\n\n\n\n


Uno de los aspectos jur\u00eddicamente m\u00e1s importantes del decreto aparece dentro del propio resolutivo segundo. Se establece que si los terrenos no eran utilizados para los fines que justificaron la expropiaci\u00f3n, el FIFONAFE deb\u00eda promover la reversi\u00f3n de la titularidad conforme al art\u00edculo 126 de la entonces Ley Federal de Reforma Agraria.<\/p>\n\n\n\n


En otras palabras, el Gobierno Federal reconoc\u00eda que la utilidad p\u00fablica deb\u00eda materializarse y que los predios no pod\u00edan permanecer ociosos ni destinarse a objetivos distintos.<\/p>\n\n\n\n


El resolutivo tercero autoriz\u00f3 a la Secretar\u00eda de Desarrollo Urbano y Ecolog\u00eda para transmitir los terrenos expropiados al Gobierno del Estado de Sinaloa, a fin de que \u00e9ste ejecutara el desarrollo urbano previsto.<\/p>\n\n\n\n


Esto significa que, aunque la expropiaci\u00f3n fue realizada por la Federaci\u00f3n, la ejecuci\u00f3n del proyecto urbano recaer\u00eda en el gobierno estatal.<\/p>\n\n\n\n


El decreto aclara expresamente que se trat\u00f3 de una expropiaci\u00f3n parcial del ejido “Rosendo G. Castro”, por lo que el resto del n\u00facleo agrario conservar\u00eda su patrimonio para continuar con sus actividades agropecuarias.<\/p>\n\n\n\n


La medida buscaba equilibrar el crecimiento urbano con la permanencia de la actividad ejidal.<\/p>\n\n\n\n


El quinto resolutivo orden\u00f3 la publicaci\u00f3n del decreto en el Diario Oficial de la Federaci\u00f3n y en el Diario Oficial del Estado de Sinaloa, la inscripci\u00f3n en el Registro Agrario Nacional, la inscripci\u00f3n en el Registro P\u00fablico de la Propiedad correspondiente. Con ello la expropiaci\u00f3n adquir\u00eda plena validez jur\u00eddica y registral.<\/p>\n\n\n\n


El documento fue firmado el 25 de noviembre de 1991 en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal. Lo suscribieron Carlos Salinas de Gortari, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; V\u00edctor M. Cervera Pacheco, Secretario de la Reforma Agraria; Patricio Chirinos Calero, Secretario de Desarrollo Urbano y Ecolog\u00eda y Ernesto Zedillo Ponce de Le\u00f3n, Secretario de Programaci\u00f3n y Presupuesto. La publicaci\u00f3n oficial apareci\u00f3 el 2 de diciembre de 1991.<\/p>\n\n\n\n


Este decreto constituye uno de los instrumentos legales m\u00e1s relevantes en la historia territorial de Topolobampo. La expropiaci\u00f3n de casi 500 hect\u00e1reas represent\u00f3 una apuesta del Gobierno Federal por consolidar el crecimiento del puerto mediante la creaci\u00f3n de reservas territoriales suficientes para infraestructura, urbanizaci\u00f3n y vivienda.<\/p>\n\n\n\n


M\u00e1s de tres d\u00e9cadas despu\u00e9s, el documento mantiene vigencia como antecedente hist\u00f3rico y jur\u00eddico para comprender la expansi\u00f3n urbana de Topolobampo, la evoluci\u00f3n de su planeaci\u00f3n territorial y el origen legal de una parte importante de los terrenos destinados al desarrollo del puerto.<\/p>\n\n\n\n


Asimismo, plantea una interrogante de inter\u00e9s p\u00fablico: si las tierras expropiadas fueron efectivamente utilizadas para los fines de utilidad p\u00fablica previstos en el decreto o si existen elementos que justifiquen revisar el cumplimiento de las condiciones establecidas para aquella expropiaci\u00f3n, particularmente en lo relativo a la creaci\u00f3n de reservas territoriales, el desarrollo urbano y la vivienda de inter\u00e9s social.<\/p>\n\n\n\n

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