{"id":16182,"date":"2026-06-30T18:57:29","date_gmt":"2026-07-01T01:57:29","guid":{"rendered":"https:\/\/periodistas2027.com\/?p=16182"},"modified":"2026-06-30T18:57:29","modified_gmt":"2026-07-01T01:57:29","slug":"urgente-duplicar-el-presupuesto-a-la-uas-para-que-garantice-educacion-a-170-mil-alumnos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/proyectoz.com.mx\/index.php\/2026\/06\/30\/urgente-duplicar-el-presupuesto-a-la-uas-para-que-garantice-educacion-a-170-mil-alumnos\/","title":{"rendered":"Urgente duplicar el presupuesto a la UAS para que garantice educaci\u00f3n a 170 mil alumnos"},"content":{"rendered":"\n

\u00c1lvaro Arag\u00f3n Ayala<\/em><\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

La Universidad Aut\u00f3noma de Sinaloa lleg\u00f3 a un punto en el que ya no puede seguir funcionando con un modelo de financiamiento dise\u00f1ado para la realidad de hace m\u00e1s de treinta a\u00f1os. Su actual realidad -una matr\u00edcula cercana a los 170 mil estudiantes, una expansi\u00f3n territorial constante y la exigencia legal de garantizar educaci\u00f3n superior universal- no puede sostenerse bajo las reglas de un sistema dise\u00f1ado hace m\u00e1s de tres d\u00e9cadas. El esquema de apoyos condicionados y convenios pol\u00edticos anuales est\u00e1 completamente agotado; mantenerlo es prolongar una asfixia operativa que limita el desarrollo, la transformaci\u00f3n y la gobernabilidad del estado. Para consolidarse como el motor de progreso que Sinaloa requiere, la UAS necesita una transici\u00f3n estructural definitiva: elevar su presupuesto a rango constitucional mediante un esquema de aportaci\u00f3n duplicada y protegida por la ley.<\/p>\n\n\n\n


El origen de la vulnerabilidad financiera de las universidades p\u00fablicas estatales es estructural, de fondo. El sistema de subsidios compartidos creado a principios de los noventa funcionaba para instituciones compactas, con plantas laborales j\u00f3venes y necesidades tecnol\u00f3gicas m\u00ednimas. Hoy, las demandas del siglo XXI imponen costos fijos que aquel modelo jam\u00e1s contempl\u00f3: infraestructura digital, ciberseguridad, educaci\u00f3n h\u00edbrida, laboratorios especializados y, de manera cr\u00edtica, el peso demogr\u00e1fico de sistemas de jubilaci\u00f3n que carecen de fondos espec\u00edficos desde la Federaci\u00f3n. La gratuidad universal es un derecho constitucional para los j\u00f3venes, pero para la instituci\u00f3n representa una obligaci\u00f3n operativa que hoy carece de un respaldo presupuestal seguro.<\/p>\n\n\n\n


Para entender esta propuesta, es vital distinguir entre el dise\u00f1o legal actual y el nuevo modelo de protecci\u00f3n presupuestal aplicado a la Universidad de Guadalajara. Aunque la educaci\u00f3n superior tiene un reconocimiento constitucional en M\u00e9xico, el marco vigente es un esquema caduco. Si bien la Ley General de Educaci\u00f3n Superior alude a la responsabilidad compartida, dej\u00f3 la f\u00f3rmula de aportaci\u00f3n en una indefinici\u00f3n legal a nivel local. Mientras la Federaci\u00f3n calcula un subsidio ordinario, los estados no poseen un mandato constitucional propio que los obligue a aportar una cifra fija y equivalente. El resultado ha sido un sistema desequilibrado, donde el financiamiento local queda a merced de la discrecionalidad pol\u00edtica y las presiones de cada a\u00f1o fiscal.<\/p>\n\n\n\n


El \u201cModelo Guadalajara\u201d, implementado con \u00e9xito en Jalisco, resolvi\u00f3 esta fragilidad mediante una reforma legal que elev\u00f3 el presupuesto universitario a rango constitucional estatal, automatizando el flujo de recursos. Este mecanismo opera bajo una l\u00f3gica de correspondencia y equilibrio: toma como base el subsidio federal y mandata por ley que el gobierno estatal debe igualar o superar esa cantidad de manera obligatoria. En t\u00e9rminos pr\u00e1cticos, este esquema fij\u00f3 una proporci\u00f3n donde la Federaci\u00f3n aporta el 48 por ciento y el gobierno de Jalisco asume el 52 por ciento restante, estableciendo adem\u00e1s un piso m\u00ednimo equivalente al 5 por ciento del presupuesto total del estado y un fondo fijo del 0.3 por ciento destinado exclusivamente a infraestructura educativa.
Llevar este modelo a Sinaloa implicar\u00eda que la aportaci\u00f3n del gobierno estatal deje de ser un convenio negociado en mesas pol\u00edticas para convertirse en una obligaci\u00f3n constitucional estricta. Bajo este enfoque, el presupuesto local de la UAS responder\u00eda directamente a la asignaci\u00f3n federal: por cada peso que la Federaci\u00f3n destine para operar la universidad, el estado de Sinaloa tendr\u00eda que aportar una cantidad igual o superior de forma obligatoria. Esta f\u00f3rmula garantiza una certeza financiera a largo plazo, desvincula a la instituci\u00f3n de los vaivenes electorales y proporciona la estabilidad necesaria para sanear las deudas laborales hist\u00f3ricas, absorber el crecimiento de la matr\u00edcula con excelencia acad\u00e9mica y planificar el futuro cient\u00edfico con una autonom\u00eda real.<\/p>\n\n\n\n


Someter el porvenir de la UAS a negociaciones discrecionales es un riesgo directo para la estabilidad social de la regi\u00f3n. Si el Estado mexicano y el gobierno de Sinaloa exigen una universidad de vanguardia, inclusiva y gratuita, es imperativo que asuman con la misma fuerza legal la responsabilidad de su viabilidad financiera. El blindaje constitucional no es una concesi\u00f3n, sino el \u00fanico camino firme para garantizar que la universidad contin\u00fae siendo el principal factor de transformaci\u00f3n, desarrollo y gobernabilidad para las futuras generaciones de sinaloenses.<\/p>\n\n\n\n

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EL PRESUPUESTO DUPLICADO O \u201cMODELO GUADALAJARA\u201d<\/a>
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