{"id":13729,"date":"2026-05-25T08:22:56","date_gmt":"2026-05-25T15:22:56","guid":{"rendered":"https:\/\/periodistas2027.com\/?p=13729"},"modified":"2026-05-25T08:22:56","modified_gmt":"2026-05-25T15:22:56","slug":"por-que-la-comision-de-verificacion-de-candidaturas-de-luisa-maria-alcalde-es-insuficiente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/proyectoz.com.mx\/index.php\/2026\/05\/25\/por-que-la-comision-de-verificacion-de-candidaturas-de-luisa-maria-alcalde-es-insuficiente\/","title":{"rendered":"Por qu\u00e9 la Comisi\u00f3n de Verificaci\u00f3n de Candidaturas de Luisa Mar\u00eda Alcalde es insuficiente"},"content":{"rendered":"\n

\u00c1lvaro Arag\u00f3n Ayala<\/em><\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

La propuesta impulsada por Luisa Mar\u00eda Alcalde Luj\u00e1n, Consejera Jur\u00eddica de la Presidencia de la Rep\u00fablica, para crear una Comisi\u00f3n de Verificaci\u00f3n de Integridad de Candidaturas dependiente del Instituto Nacional Electoral (INE), constituye apenas un leve movimiento de control pol\u00edtico y medi\u00e1tico frente a un fen\u00f3meno de asimetr\u00eda institucional mucho m\u00e1s profundo: la infiltraci\u00f3n estructural y sist\u00e9mica del crimen organizado en los \u00f3rganos de poder p\u00fablico del Estado mexicano.<\/p>\n\n\n\n


La iniciativa pretende que el INE, pueda revisar perfiles de aspirantes mediante cruces de informaci\u00f3n bidireccionales con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR), la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y diversos \u00f3rganos de inteligencia del Estado, con el objetivo de detectar un \u201criesgo razonable\u201d o indicio fundado de v\u00ednculos con la delincuencia organizada antes del registro formal y la validez jur\u00eddica de las candidaturas.<\/p>\n\n\n\n


Sin embargo, el problema de fondo no se resuelve con filtros administrativos de car\u00e1cter procedimental ni con mesas de revisi\u00f3n puramente documental. El fen\u00f3meno del narcotr\u00e1fico en M\u00e9xico dej\u00f3 hace tiempo de ser una patolog\u00eda exclusivamente criminal o polic\u00edaca y se convirti\u00f3 en una estructura de poder f\u00e1ctico con dimensiones econ\u00f3micas, de control territorial, financieras, empresariales, pol\u00edticas y de reproducci\u00f3n familiar, configurando un escenario de gobernanza criminal paralela.<\/p>\n\n\n\n


Por ello, el pa\u00eds necesita una reforma constitucional de gran calado e integral que modifique el dise\u00f1o institucional del Estado, y no solamente una modificaci\u00f3n reglamentaria o una reforma legal a la normativa del INE. El verdadero desaf\u00edo consiste en blindar los procesos de selecci\u00f3n para evitar que redes complejas de protecci\u00f3n criminal e impunidad f\u00e1ctica se infiltren en las alcald\u00edas y ayuntamientos (el eslab\u00f3n m\u00e1s vulnerable del federalismo), los congresos locales, las diputaciones federales, las fiscal\u00edas aut\u00f3nomas, las estructuras org\u00e1nicas de los partidos pol\u00edticos y los espacios de representaci\u00f3n popular de las minor\u00edas y mayor\u00edas.<\/p>\n\n\n\n


El problema de la captura del Estado no siempre aparece en la figura visible del capo o del sujeto activo del delito; muchas veces emerge mediante la sofisticaci\u00f3n de operadores pol\u00edticos intermedios, familiares consangu\u00edneos o por afinidad, testaferros y prestanombres, socios comerciales, asesores jur\u00eddicos, cuadros financieros, alcaldes patrocinados, empresas de fachada con operaciones simuladas o estructuras de movilizaci\u00f3n electoral financiadas con flujos de dinero il\u00edcito y econom\u00eda sumergida.<\/p>\n\n\n\n


En ese sentido, una eventual reforma constitucional de fondo amerita modificar transversalmente diversos art\u00edculos dogm\u00e1ticos y org\u00e1nicos de la Carta Magna (como el 35, 38, 41 y 102) relacionados con los derechos pol\u00edtico-electorales del ciudadano, los reg\u00edmenes de fiscalizaci\u00f3n electoral, el andamiaje punitivo contra la delincuencia organizada y la doctrina de la seguridad nacional, estableciendo una nueva e innovadora figura jur\u00eddica: la inelegibilidad por riesgo fundado de captura criminal del poder p\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n


Dicha reforma de rango constitucional exige establecer una restricci\u00f3n al derecho al sufragio pasivo, determinando que no podr\u00e1n ser declarados elegibles a cargos de elecci\u00f3n popular quienes, reciban financiamiento il\u00edcito, p\u00fablico o privado, nacional o internacional, no acrediten fehacientemente, bajo el principio de reversi\u00f3n de la carga de la prueba en el \u00e1mbito administrativo, el origen legal de su patrimonio y mantengan v\u00ednculos financieros, nexos pol\u00edticos u operativos con organizaciones criminales transnacionales.<\/p>\n\n\n\n


Adem\u00e1s de aquellos que aparezcan como beneficiarios finales o interp\u00f3sitas personas en esquemas complejos de lavado de dinero, utilicen unidades econ\u00f3micas o empresas fachada para dispersar recursos de procedencia il\u00edcita, participen de manera activa o por omisi\u00f3n en redes de protecci\u00f3n institucional o complicidad por omisi\u00f3n, o mantengan relaciones patrimoniales, societarias u operativas con personas sentenciadas por delincuencia organizada.<\/p>\n\n\n\n


El Estado mexicano tiene que decidir, mediante un ejercicio de ponderaci\u00f3n de derechos humanos y razones de Estado, si la lucha contra la captura criminal del poder pol\u00edtico y la tutela del orden p\u00fablico puede restringir derechos fundamentales, llegando al terreno de los parentescos, los lazos sangu\u00edneos y las estructuras de clan familiar que han sido utilizadas hist\u00f3ricamente por el narcotr\u00e1fico como veh\u00edculos de sucesi\u00f3n y para infiltrar de manera horizontal los \u00f3rdenes de gobierno.<\/p>\n\n\n\n


En diversas regiones del pa\u00eds, las organizaciones delictivas operan mediante clanes familiares completos: hermanos, hijos, esposas, sobrinos, cu\u00f1ados, primos y operadores econ\u00f3micos que funcionan como redes endog\u00e1micas de control pol\u00edtico-territorial y din\u00e1micas din\u00e1sticas de poder. Una reforma constitucional mucho m\u00e1s severa debe establecer restricciones temporales o definitivas para aspirantes que mantengan relaciones patrimoniales, dependencia econ\u00f3mica o de beneficio pol\u00edtico directo con familiares de l\u00ednea recta o colateral sentenciados, procesados o bajo investigaci\u00f3n formal por delincuencia organizada.<\/p>\n\n\n\n


No se tratar\u00eda jur\u00eddicamente de instaurar un derecho penal de autor ni de revivir penas inhumanas -prohibidas por el art\u00edculo 22 constitucional- o castigar un apellido, sino de dise\u00f1ar mecanismos de profilaxis institucional para impedir estructuras de simulaci\u00f3n y fraude a la ley mediante las cuales el crimen organizado sustituye a los capos visibles por familiares aparentemente \u201climpios\u201d o desvinculados en el papel.<\/p>\n\n\n\n


Conviene contemplar en la reforma constitucional mecanismos de fiscalizaci\u00f3n concurrente y revisi\u00f3n exhaustiva sobre el crecimiento patrimonial inexplicable o discrepancia fiscal evidente, redes de socios comerciales y esquemas corporativos, el financiamiento paralelo, opaco o asim\u00e9trico de las campa\u00f1as electorales o el uso extensivo de dinero en efectivo para burlar el sistema de fiscalizaci\u00f3n del INE;<\/p>\n\n\n\n


Otras restricciones electorales severas deben aplicarse a quienes desplieguen operadores territoriales armados y din\u00e1micas de coacci\u00f3n del voto, mantengan redes de protecci\u00f3n pol\u00edtica y clientelismos criminales, adjudiquen contratos p\u00fablicos de obras o servicios vinculados al blanqueo de capitales y las personas que est\u00e9n incluidas en las alertas o relaciones comerciales con empresas listadas e investigadas por la UIF.<\/p>\n\n\n\n


Tambi\u00e9n es necesario obligar a los partidos pol\u00edticos, en su calidad de entidades de inter\u00e9s p\u00fablico, a realizar controles de confianza y debida diligencia obligatorios de integridad electoral, convirti\u00e9ndolos en sujetos de corresponsabilidad legal, administrativa y financiera por las candidaturas que postulen deliberadamente o por negligencia in vigilando.<\/p>\n\n\n\n


Es decir, si un partido impulsa de manera dolosa o culposa a un perfil vinculado con estructuras criminales, es imprescindible que enfrente sanciones de orden constitucional, tales como la p\u00e9rdida del registro legal (parcial o total), la declaraci\u00f3n de nulidad electoral de la elecci\u00f3n respectiva, o la cancelaci\u00f3n definitiva de sus prerrogativas y financiamiento p\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n


La reforma constitucional igualmente tiene que ampliar las facultades de control y los est\u00e1ndares de actuaci\u00f3n del INE, la UIF y la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica para construir expedientes preventivos y dictar medidas cautelares de elegibilidad antes del inicio de las campa\u00f1as y de las jornadas electorales, y no ex post facto, cuando los gobiernos y las haciendas locales ya fueron capturados y subordinados por la criminalidad.<\/p>\n\n\n\n


Sin embargo, una transformaci\u00f3n del modelo constitucional de esta magnitud, en materia electoral, abrir\u00eda una enorme y compleja discusi\u00f3n en materia de convencionalidad, constitucionalidad y derechos humanos de \u00faltima generaci\u00f3n ya que la l\u00ednea divisoria entre el leg\u00edtimo derecho del Estado a combatir la infiltraci\u00f3n criminal y la tentaci\u00f3n autoritaria de construir mecanismos de persecuci\u00f3n, proscripci\u00f3n o guerra jur\u00eddica (lawfare) contra la oposici\u00f3n pol\u00edtica puede volverse extremadamente delgada, difusa y peligrosa.<\/p>\n\n\n\n


El gran riesgo democr\u00e1tico consiste en que las sospechas, los indicios de “v\u00ednculos” o las carpetas de investigaci\u00f3n en etapa inicial terminen utiliz\u00e1ndose de manera facciosa para destruir y descalificar adversarios pol\u00edticos sin que medien sentencias condenatorias firmes, vulnerando flagrantemente el debido proceso legal. Por esa raz\u00f3n, para armonizar esta reforma con el bloque de constitucionalidad y los tratados internacionales, cualquier modificaci\u00f3n tiene que incluir de forma irrestricta:<\/p>\n\n\n\n


El derecho de audiencia y contradicci\u00f3n del aspirante, el control judicial previo, estricto y especializado, est\u00e1ndares probatorios claros, objetivos y de alta exigencia jur\u00eddica, el recurso de revisi\u00f3n constitucional r\u00e1pida ante el Tribunal Electoral, la estricta temporalidad y proporcionalidad de las sanciones o inhabilitaciones y mecanismos de defensa legal y responsabilidad civil o penal frente a acusaciones fabricadas, difamaciones o montajes pol\u00edticos.<\/p>\n\n\n\n


M\u00e9xico enfrenta una realidad cr\u00edtica donde, en numerosas demarcaciones territoriales y regiones del pa\u00eds, el crimen organizado ya no solamente disputa rutas de tr\u00e1fico o mercados il\u00edcitos, sino la titularidad de las alcald\u00edas, la integraci\u00f3n de los congresos, los mandos de las polic\u00edas municipales, las titularidades de las fiscal\u00edas y el control de las estructuras electorales completas.<\/p>\n\n\n\n


Frente a la captura estructural del Estado y la erosi\u00f3n irreversible de la soberan\u00eda, los filtros cosm\u00e9ticos son est\u00e9riles. La supervivencia de la gobernanza democr\u00e1tica en M\u00e9xico exige un redise\u00f1o constitucional de gran calado, capaz de desmantelar el poder f\u00e1ctico en las urnas. La simulaci\u00f3n procedimental ya no es una opci\u00f3n; es una claudicaci\u00f3n institucional que entrega el poder p\u00fablico a la criminalidad.<\/p>\n\n\n\n

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