Fotografías de Norma Corona asesinada en Culiacán en 1990
Álvaro Aragón Ayala.
En Sinaloa, el escenario preelectoral se convirtió, particularmente en el ámbito femenil, en una pasarela de auto legitimaciones anticipadas. Bajo los reflectores de la coyuntura política, diversas figuras públicas compiten por presentarse como auténticas “luchadoras sociales”, apropiándose de causas que nunca encabezaron y adjudicándose conquistas construidas durante décadas por otras mujeres. La lucha social se convirtió así en un accesorio de precampaña; la memoria colectiva mutó en un recurso electoral; y el compromiso, en una estrategia de posicionamiento.
Desde la filosofía política, la diferencia entre el compromiso auténtico y la simulación resulta fundamental. Immanuel Kant, autor de “La Critica de la Razón Pura”, sostenía que el verdadero valor moral reside en actuar por deber y no por conveniencia. Si la defensa de los derechos de las mujeres se reduce a una inversión para acumular capital político, entonces el activismo deja de ser una convicción ética para convertirse en una sofisticada operación de mercadotecnia. El discurso abandona su capacidad transformadora y se utiliza como propaganda personal.
La permanente autopromoción revela, además, lo que Søren Kierkegaard, considerado el padre del existencialismo, describía como una existencia inauténtica aquella que privilegia la apariencia sobre la verdad y el reconocimiento público sobre la responsabilidad moral. Quien convierte las demandas históricas del movimiento feminista en un trampolín electoral termina despojándolas de su contenido emancipador. La indignación colectiva es reducida, pues, a un eslogan cuidadosamente diseñado para conquistar simpatías, no para transformar la realidad.
En Sinaloa, el fenómeno alcanzó niveles de abierto cinismo toda vez que algunas de estas autoproclamadas defensoras del pueblo insisten en afirmar que no viven de la política ni del presupuesto público, mientras su trayectoria ha estado sostenida precisamente por los recursos del Estado. La contradicción raya en el insulto. Bajo un discurso cuidadosamente elaborado, la prioridad dejó de ser resolver la violencia estructural que padecen miles de mujeres y pasó a ser la conservación de privilegios, la disputa por candidaturas y el ascenso dentro de las estructuras del poder. La simulación degradó la política y, al mismo tiempo, trivializó las causas que dicen representar.
Fuera de los escenarios y de las campañas anticipadas, la realidad exhibe un rostro infinitamente más cruel. La violencia contra las mujeres continúa escalando sin que existan respuestas institucionales proporcionales. Datos de la Fiscalía General del Estado indican que Sinaloa acumula 51 feminicidios en lo que va de 2026, más del doble de los 25 registrados en el mismo periodo del año anterior y cerca del 70 por ciento de los 73 casos con los que concluyó 2025. Las cifras no admiten maquillaje político. Son el reflejo de una emergencia social frente a la cual abundan los discursos, pero escasean las acciones y los resultados.
Es en este punto donde la retórica electoral se derrumba ya que si las autodenominadas luchadoras sociales realmente colocaran a las mujeres en el centro de su agenda, el debate público estaría dominado por propuestas, exigencias institucionales y mecanismos de protección, no por la competencia para repartir méritos ni por la obsesión de aparecer primero en la fotografía política.
Frente a esta escenografía de vanidades, la historia ofrece referentes cuya autoridad moral no nació de la propaganda, sino del sacrificio. Norma Corona Sapién representa una de esas figuras. Su compromiso con los derechos humanos jamás fue un recurso discursivo ni una herramienta de promoción personal. Como abogada y defensora, documentó desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y abusos de poder en una época en la que hacerlo significaba desafiar simultáneamente al crimen organizado y a las estructuras de poder.
El 21 de mayo de 1990 fue asesinada en Culiacán como consecuencia directa de sus investigaciones sobre ejecuciones arbitrarias y la colusión entre corporaciones policiales y organizaciones criminales. Su muerte marcó un parteaguas en la historia de los derechos humanos en México. Recordó que existen luchas cuyo costo no se mide en votos ni en popularidad, sino en la propia vida.
El legado de Norma Corona no se encuentra en los discursos triunfalistas ni en las campañas de autopromoción política. Sobrevive, sobre todo, en las madres buscadoras que escarban la tierra con sus propias manos para encontrar a sus hijos desaparecidos; en las mujeres que enfrentan la violencia sin respaldo institucional; y en quienes continúan defendiendo derechos sin esperar candidaturas, cargos públicos o recompensas presupuestales.
Es ahí donde radica la diferencia esencial entre la lucha auténtica y la caricatura electoral. La primera nace del deber, de la conciencia y del riesgo personal. La segunda se alimenta de la oportunidad política, del cálculo y de la necesidad permanente de reflectores. En tiempos electorales conviene no confundirlas. Porque mientras unas convierten el dolor social en plataforma política, otras siguen cargando sobre los hombros el peso de una tragedia que nunca ha dejado de existir.
