Álvaro Aragón Ayala.
La estrategia de la oposición en Sinaloa rumbo a la sucesión gubernamental de 2027 le apuesta a que los tribunales de Estados Unidos actúen como el gran demoledor de las figuras del oficialismo/morenismo. La narrativa opositora busca orientar la percepción pública a partir de la judicialización mediática transfronteriza, confiando en que las acusaciones en cortes extranjeras minen de forma irreversible la legitimidad de Cuarta Transformación y le entreguen en bandeja de plata el triunfo electoral.
Sin embargo, ese esquema oculta que el crimen organizado no nació en este sexenio. La reciente caída e imputación de Ismael “El Mayo” Zambada en Nueva York reveló que el imperio del Cártel de Sinaloa se consolidó a lo largo de más de cuatro décadas. En sus testimonios y alegatos, el propio capo reconoció que una estructura criminal de alcance global no puede sobrevivir ni prosperar durante 40 años sin la cooptación, facilitación y protección sistemática de las estructuras del Estado.
Durante esas cuatro décadas de expansión del cártel, Sinaloa y el país fueron gobernados de manera ininterrumpida por administraciones del PRI y del PAN. Pretender que las investigaciones del Departamento de Justicia de EE. UU. operen con sesgos partidistas o que detendrán su línea del tiempo en el periodo reciente es una ingenuidad.
Si el Departamento de Estado y los fiscales norteamericanos buscan desmantelar las redes institucionales que permitieron la operatividad de Zambada y sus socios, el análisis del expediente conduce directamente hacia los sexenios pasados. Los exgobernadores priistas y panistas que ejercieron el poder político en Sinaloa mientras el narco echaba raíces, compraba corporaciones policiales y lavaba activos en la economía local, forman parte del mismo ecosistema corrupto que hoy se juzga en Brooklyn.
Entonces, la apuesta opositora de convertir la justicia estadounidense en su principal operador de campaña encierra un efecto bumerán. Al incentivar y celebrar la intervención judicial extranjera como herramienta de erosión política, la oposición abre la puerta para que el escrutinio alcance a sus propios cuadros y referentes del pasado. Una investigación penal seria sobre cuatro décadas de impunidad criminal no se fragmenta por conveniencia electoral; por el contrario, expone la cadena de mandos, los pactos de omisión y los favores institucionales otorgados durante los periodos de mayor bonanza del narcotráfico en la entidad.
Así pues, la disputa por la gubernatura de Sinaloa en 2027 no se resolverá únicamente en las estructuras partidistas ni en el despliegue de las precampañas, sino en la batalla por la percepción pública. En tanto un sector le apuesta a la memoria corta y al desgaste mediático del grupo en el poder, la profundidad de los expedientes internacionales amenaza con desarchivar décadas de complicidades que incomodan al viejo régimen.
El juicio a las estructuras del narcotráfico en Estados Unidos no es un cheque en blanco para la oposición; es un espejo de cuatro décadas de historia institucional. Quienes exigen ver rodar cabezas en el presente podrían descubrir, muy pronto, que los nombres que faltan en los expedientes judiciales pertenecen al pasado que alimentó el poder que detentó el PRI y el PAN y los partidos satélites.
Si Estados Unidos decide dar el paso definitivo e incluir en sus expedientes a exgobernadores del PRI o del PAN como piezas clave en la consolidación del cartel, el eje de la narrativa electoral cambiará de manera drástica e irreversible. Un movimiento de esa magnitud sepultaría de golpe la principal arma mediática de la oposición, desarticulando su discurso de solvencia moral y convirtiendo su propia estrategia de descalificación en un bumerán que extinga sus posibilidades competitivas rumbo a 2027.
