Álvaro Aragón Ayala.
Condenar a Ismael “El Mayo” Zambada a cadena perpetua en Estados Unidos representó el tramo más sencillo del expediente judicial. El verdadero obstáculo legal, técnico y político comenzó con la orden de decomiso por 15 mil millones de dólares, cifra espectacular en el papel, pero jurídicamente inalcanzable e intocable sin el respaldo operativo del Gobierno de México.
Estados Unidos carece de jurisdicción para realizar investigaciones de campo, embargos o aseguramientos directos dentro del territorio mexicano. Una sentencia emitida por un tribunal de Nueva York no posee fuerza ejecutiva automática las propiedades que pudiera poseer Ismael Zambada por medio de prestanombres.
La soberanía territorial mexicana exige que cualquier pretensión de decomiso transite, obligatoriamente, por la venia y el trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR). Sin carpetas de investigación local y sin el aval de los jueces mexicanos, la resolución estadounidense se reduce a una mera declaración de intenciones.
A esta traba legal se suma un dilema de fondo: La cifra de 15 mil millones de dólares no corresponde a dinero contante y sonante depositado en un banco, sino a una estimación matemática elaborada por fiscales norteamericanos sobre el volumen de droga traficado durante décadas. Tal cálculo omite los colosales costos operativos del crimen organizado: logística, nóminas, armamento, pérdidas por incautaciones y la red de corrupción necesaria para sostener la estructura. Descontados estos pasivos, la liquidez actual del capo y la localización exacta de sus activos integran una ecuación sin resolver.
De existir ese patrimonio, su naturaleza es esencialmente invisible. A lo largo de cuarenta años, los flujos financieros ilícitos se pudieron haber transformado en bienes raíces, sociedades mercantiles, fideicomisos y participaciones crediticias a través de densas mallas de prestanombres. El capital criminal habría dejado de circular como efectivo para mimetizarse con el tejido productivo formal.
La inserción de estos flujos en la economía sinaloense y de otros estados del país generó distorsiones profundas. Por muchos años, la inyección constante del narcodinero impactó el consumo, encareció el suelo mediante la especulación inmobiliaria y financió sectores como el transporte, la ganadería y el comercio, configurando un mercado alterado, donde las inversiones no siempre respondieron a la lógica de la oferta y la demanda, sino a la necesidad prioritaria de blanquear capitales.
El decomiso de los activos de Zambada no se resolverá con el fallo de un tribunal neoyorquino. La incautación efectiva dependerá de un litigio internacional prolongado, complejo y dependiente de la cooperación bilateral. Si la UIF no rastrea las cuentas y la FGR no sustenta los juicios de extinción de dominio en tribunales locales, la mítica fortuna del Cártel de Sinaloa permanecerá intacta en el entramado económico mexicano.
